Hoy 26 de junio se celebra el Día Internacional contra la
Tortura, que conmemora el aniversario de la firma, en la misma fecha de 1987,
del Convenio de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas
crueles.
Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la
víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano. Las Naciones
Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno
de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus
semejantes.
La tortura se considera un crimen en el derecho
internacional. En todos los instrumentos internacionales la tortura está
absolutamente prohibida y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta
prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que
significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad
internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales
en los que se prohíbe explícitamente la tortura. La práctica sistemática y
generalizada de la tortura constituye un crimen contra la humanidad.
En 1948 la comunidad internacional condenó la tortura y
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la Declaración Universal de
Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En
1975, en respuesta a las campañas organizadas por diversas organizaciones no
gubernamentales (ONG), la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la
Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Durante los años ochenta y noventa se hicieron avances tanto
en el desarrollo de las normas e instrumentos jurídicos como en la imposición
de la prohibición de la tortura. La Asamblea General creó en 1981 el Fondo de
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la
Tortura para financiar a las organizaciones que brindaban asistencia a las
víctimas de la tortura y a sus familias. La Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue aprobada por la
Asamblea General en 1984 y entró en vigor en 1987.
Las Naciones Unidas han destacado en numerosas ocasiones la
importancia del papel que desempeñan las ONG en la lucha contra la tortura. Las
ONG no sólo han propugnado el establecimiento de instrumentos y mecanismos de
vigilancia de las Naciones Unidas, sino que han hecho una aportación valiosa a
la aplicación efectiva de éstos. Los expertos, en particular el Relator
Especial sobre la cuestión de la tortura y el Relator Especial sobre la
violencia contra la mujer, así como diversos órganos de vigilancia del
cumplimiento de los tratados, como el Comité contra la Tortura, se sirven en
numerosas ocasiones de la información que les comunican las ONG y los
particulares.
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